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La Reforma Educacional pretende hacer de la
Educación Superior un derecho social efectivo
para todos y todas, estableciendo garantías
explícitas para las y los estudiantes —tanto
en materia de acceso como de calidad y
financiamiento—, con un trato preferente a
quienes tienen menores ingresos.
En este sentido, el 2015 estuvo marcado
por importantes avances en términos de
acceso, con la aprobación de la Ley Nº 20.890
que incorpora la Gratuidad en la Educación
Superior, que permitió que miles de jóvenes
pertenecientes al 50% más vulnerable de la
población puedan acceder a instituciones
de forma gratuita. Este fue uno de los logros
más importantes de la Reforma Educacional y
una transformación histórica en la Educación
Superior.
Además, en 2015 se crearon dos nuevas
universidades estatales, las que a partir de
2017 estarán a disposición de las familias de
O’Higgins y Aysén.
Como afirmó la Presidenta de la República,
Michelle Bachelet, en sumensaje al Congreso:
“Es central que sea el mérito y no la capacidad
económica lo que defina las oportunidades
de los jóvenes en nuestro país. Para avanzar
hacia una sociedadmás justa, necesitamos que
nuestras universidades sean más inclusivas”.
Pero no sólo se ha avanzado en términos de
acceso, sino también en calidad y seguridad
para las y los jóvenes y sus familias, quienes
desde 2015 cuentan con la certeza de que
podrán continuar sus estudios ante cualquier
eventualidad, a través de la vigencia de la
Ley Nº 20.800, que crea el Administrador
Provisional y Administrador de Cierre de
Instituciones de Educación Superior.
Estos avances marcan el inicio de un camino
mucho más ambicioso, que se verá reflejado
en 2016 con el proyecto de ley de Reforma de
la Educación Superior
.
La Reforma
en la Educación
Superior
CAPÍTULO 3
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