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La Reforma Educacional pretende hacer de la

Educación Superior un derecho social efectivo

para todos y todas, estableciendo garantías

explícitas para las y los estudiantes —tanto

en materia de acceso como de calidad y

financiamiento—, con un trato preferente a

quienes tienen menores ingresos.

En este sentido, el 2015 estuvo marcado

por importantes avances en términos de

acceso, con la aprobación de la Ley Nº 20.890

que incorpora la Gratuidad en la Educación

Superior, que permitió que miles de jóvenes

pertenecientes al 50% más vulnerable de la

población puedan acceder a instituciones

de forma gratuita. Este fue uno de los logros

más importantes de la Reforma Educacional y

una transformación histórica en la Educación

Superior.

Además, en 2015 se crearon dos nuevas

universidades estatales, las que a partir de

2017 estarán a disposición de las familias de

O’Higgins y Aysén.

Como afirmó la Presidenta de la República,

Michelle Bachelet, en sumensaje al Congreso:

“Es central que sea el mérito y no la capacidad

económica lo que defina las oportunidades

de los jóvenes en nuestro país. Para avanzar

hacia una sociedadmás justa, necesitamos que

nuestras universidades sean más inclusivas”.

Pero no sólo se ha avanzado en términos de

acceso, sino también en calidad y seguridad

para las y los jóvenes y sus familias, quienes

desde 2015 cuentan con la certeza de que

podrán continuar sus estudios ante cualquier

eventualidad, a través de la vigencia de la

Ley Nº 20.800, que crea el Administrador

Provisional y Administrador de Cierre de

Instituciones de Educación Superior.

Estos avances marcan el inicio de un camino

mucho más ambicioso, que se verá reflejado

en 2016 con el proyecto de ley de Reforma de

la Educación Superior

.

La Reforma

en la Educación

Superior

CAPÍTULO 3

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